Los paradigmas de la transición energética actual

Buenas tardes

Estamos aquí participando en una sesión que tiene por título La transición energética. Una oportunidad para emprender.

Consta de dos mesas, la primera abordará Los desafíos de las PYMES en la transición energética y la segunda La experiencia de emprender en el sector energético.

Es para mí un honor daros la bienvenida y dirigiros unas palabras de apertura en torno a mi visión de los paradigmas de la transición energética.

Se habla mucho actualmente de la transición energética.

La acepción más genérica del término la define como el proceso de cambio de una forma de producción de energía a otra.

Es una definición válida, tan genérica que puede aplicarse a diversos momentos históricos, como por ejemplo a la revolución industrial, que introdujo el carbón y la máquina de vapor. O a la crisis del petróleo, en los años 70 del siglo pasado, que reorientó la actividad industrial con la eficiencia energética como nuevo objetivo e introdujo el gas y la energía nuclear como imputs energéticos.

¿Qué es lo que tiene de especial la actual transición energética?

Iré exponiendo los que para mí constituyen los grandes paradigmas de la transición energética presente.

El primer hecho diferencial es la evidencia del cambio climático y su estrecha dependencia de la actividad humana. Esta dinámica comienza con el Protocolo de Kioto de 1997, que establece como objetivo reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, y que desde entonces no ha hecho más que desarrollarse con una multitud de iniciativas, decisiones y acuerdos cada vez más amplios.

Quizá el último gran hito en este sentido sea el Acuerdo de París de 2016, firmado por 194 partes

(193 países más la Unión Europea) en el que se establece como objetivo mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados.

La trascendencia de este objetivo supera al propio sector energético.

En efecto, no se trata solamente de reducir la emisión de gases de efecto invernadero del sector energético, que ya de por sí sería una tarea ingente, sino que además se trata de reconfigurar el sector energético en su conjunto para contribuir a la descarbonización de la economía en general.

Uno de los vectores más potentes será sin duda la electrificación de todos los ámbitos de la actividad humana, desde el hogar a la movilidad, en paralelo con el desarrollo del hidrógeno y de los biogases.

La descarbonización está directamente entroncada con la sostenibilidad y debería contribuir a la protección del medio ambiente y de la diversidad biológica, al correcto tratamiento de los residuos, a la mejora de la calidad del aire, del agua, de la vida en su conjunto.

El segundo hecho diferencial es una característica algo más coyuntural, porque surge plenamente tras el estallido de la invasión rusa en Ucrania. Se trata de la seguridad de suministro energético.

Es verdad que siempre ha sido una de las grandes preocupaciones de la UE, dentro del clásico triángulo: seguridad de suministro, sostenibilidad y utilización eficiente de la energía. Pero hoy se reconoce que Europa no ha sido consecuente y que la conocida escasez de recursos energéticos propios no impulsó políticas decididas de diversificación de puntos de suministro para cada imput energético, sea este el gas, el petróleo, el carbón, etc.

En paralelo ha surgido con fuerza la ampliación de la seguridad de suministro a otros ámbitos diferentes del energético, como son materias primas (metales, tierras raras por ejemplo) y productos industriales básicos (componentes electrónicos, chips, paneles solares, baterías, etc.).

De alguna forma también es novedosa la tercera característica. Me refiero al creciente protagonismo del consumidor, en todos los ámbitos de la economía, pero particularmente en el energético.

Aquí confluyen muchas dinámicas.

Por un lado, la evidencia cada vez más patente de que todo el proceso de lucha contra el cambio climático, de descarbonización, de mayor eficiencia energética, de electrificación, de nuevos tipos de movilidad, etc., solo será posible si se da una implicación generalizada de la ciudadanía.

La transición energética ya está poniendo en evidencia algunos efectos negativos que afectan a personas, territorios y países, y que exigen políticas y medidas, enmarcadas en el concepto de Transición Justa, que desarrollen modelos de compensación, de creación de actividad y empleo, de nuevas oportunidades, que distribuyan equitativamente los indudables efectos positivos de la transición y minimicen los efectos negativos.

Por otro lado, estamos asistiendo a una progresiva tecnificación del consumidor, un consumidor mejor informado que toma decisiones por su cuenta en base a la información que recibe, buscada más o menos activamente. Me refiero a decisiones de consumo basadas en criterios de eficiencia energética, de sostenibilidad, de minimizar la emisión de CO2, de favorecer determinas procedencias de bienes, etc.

Es el caso también de consumidores más atentos a la evolución de los precios de la electricidad, del gas, de los carburantes, adaptando sus hábitos de consumo en función de los mismos. Y también el caso de consumidores sensibles a señales económicas más sofisticadas relacionadas por ejemplo con la gestión de la demanda.

Y aún tenemos el consumidor que, sin dejar de serlo, desarrolla también una actividad creciente como proveedor de energía y de servicios energéticos. Es el campo del autoconsumo, en el que el consumidor instala paneles solares u otras formas de generación de electricidad, que puede completar con baterías u otras formas de almacenamiento energético.

La transición energética deberá estar firmemente ligada a los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, muy especialmente con el (7˚) Energía asequible y no contaminante, el (8˚) Trabajo decente y crecimiento económico y el (11˚) Ciudades y comunidades sostenibles.

La cuarta característica que hace a esta transición energética especial con relación a las anteriores es el importante componente institucional, sin duda impulsado por las dos primeras características aquí mencionadas: la lucha contra el cambio climático y los efectos de la guerra de Ucrania.

En efecto, se ha entendido que la respuesta a estos exige una acción decidida desde las más altas instancias de la sociedad, empezando por la Organización de Naciones Unidas, que implique a todo el planeta, a toda la sociedad y que utilice todas las palancas posibles, económicas, fiscales e industriales.

La UE lleva varias décadas transitando por esta senda mediante sus directivas de comercio de emisiones, de fomento de las energías renovables, de ayudas al ahorro y a la mejora de la eficiencia.

En nuestro país tenemos reciente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, enviado en 2020 por el Gobierno a la Comisión Europea, que no solo establece objetivos en las cinco dimensiones del Plan (1 descarbonización, 2 eficiencia, 3 seguridad energética, 4 mercado interior, y 5 investigación, innovación y competitividad), sino que también desgrana las correspondientes políticas y medidas financieras y fiscales.

El PNIEC concluye con la estimación de la inversión requerida, que totaliza un importe de 241 mil millones de euros en esta década.  Y lo que considero que puede ser muy relevante en la sesión de hoy, el PNIEC estima que una parte muy sustancial de la inversión total la realizaría el sector privado (80% del total), asociada principalmente al despliegue de las renovables, redes de distribución y transporte y gran parte de las medidas de ahorro y eficiencia. El resto la realizaría el sector público (20% del total), sobre todo en medidas de ahorro y eficiencia energética y en actuaciones asociadas al fomento de la movilidad sostenible y el cambio modal.

La Comisión Europea ha dispuesto su paquete legislativo “Fit for 55”, con un conjunto de medidas que apoyan su compromiso de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en, al menos, un 55% para 2030. Y tras la invasión de Ucrania, ha lanzado su REPowerEU: una energía asequible, segura y sostenible para Europa con un ambiciosísimo plan de financiación de cientos de miles de millones de euros, basado en el nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), combinado con los fondos de las actuales políticas de cohesión y los procedentes de las subastas de derechos de emisión.

Esta transición energética está teniendo un empuje institucional indudable, que requiere la plena participación del sector privado para poder desarrollarse y tener éxito. Y aquí es donde mejor encaja la jornada de hoy, que os va a presentar diversos campos de actuación abiertos a la actividad emprendedora particular.

Movilizar esas inversiones va a requerir un esfuerzo conjunto que la regulación debería facilitar al máximo, garantizando la ejecución responsable, la consecución de los objetivos y la eliminación de los obstáculos que la frenen.

La regulación tiene ante sí unos retos formidables, algunos a muy corto plazo como son, por ejemplo:

• La reforma del mercado eléctrico
• La organización de los sistemas de subastas
• Los permisos de acceso y, en general, todo el tratamiento de los permisos
• Las políticas de ayudas y subvenciones
• Las políticas fiscales